El pasado 4 de junio el Tribunal Superior Judicial de Ibagué, una ciudad al oeste de Colombia, emitió una orden de arresto domiciliario contra el presidente colombiano, Iván Duque, acusándolo de desacatar una decisión judicial en 2020 que le ordenó proteger una reserva natural.

El fallo afirmaba que el mandatario tenía que permanecer en su residencia por cinco días y pagar una multa de 15 salarios mínimos mensuales, el equivalente a casi 4.000 dólares estadounidenses.

La Corte Suprema acusa a Duque de no cumplir con una sentencia emitida por esta Corte, que declaró como "sujeto de derechos" al Parque Nacional los Nevados, ubicado en la región cafetera central de los andes colombianos. Ese mismo fallo dejó claro que el presidente es el representante legal de esta área, por lo que en él recae crear un grupo para su preservación.

Cuando recibió el fallo que ordenaba su arresto, Duque declaró que su administración había cumplido con la sentencia de la Corte Suprema. Además alegó que la orden de arresto domiciliario era "inconstitucional".

“Hoy hemos visto un acto que, primero, es inexplicable, porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, en el que supuestamente se ordena el arresto del presidente de la república dizque por no cumplir esa sentencia. Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están", dijo Duque en declaraciones a la prensa colombiana.

También afirmó que la orden era una política arbitraria y le pidió al Consejo de Disciplina Judicial de Colombia tomar cartas en el asunto. Según expertos citados en la prensa colombiana, Duque sí está protegido por el fuero constitucional, por lo que la sentencia no se cumplió.

¿Orden de arresto contra un presidente?

Iván Duque y su gobierno tenían un año para ejecutar un plan para la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados. Aparte del presidente, la orden de la Corte Suprema tenía que ser cumplida por la agencia que dirige los parques naturales del país, Parques Naturales Nacionales, y por los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima.

Entre todos, en cabeza del presidente, tenían que desarrollar un plan que les permitiera crear, mantener y conservar el parque. Duque, además, también tenía que asignar una fuerza policial que protegiera constantemente la zona.

Según declaraciones de presidencia, se asignó a un delegado para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema y se realizaron mesas de trabajo en las capitales de los departamentos y una matriz de acompañamiento.

La Corte Suprema y el Tribunal, sin embargo, afirman que a la fecha no se ha cumplido la orden de designar el grupo de la Fuerza Pública para proteger el parque.

La apoderada de Presidencia indicó que "si lo que pretenden la Corte y el Tribunal es que se conforme un grupo especial del Ejército y la Policía Nacional que haga presencia constante y permanente alrededor de todo el kilometraje del parque, ello resulta imposible desde el punto de vista técnico, misional, normativo y funcional, teniendo como base la presentación que hizo sobre las funciones y roles de cada uno de esos entes y porque Colombia tiene 'mayores problemas de seguridad y necesidad de pie de fuerza'. Que, igual, ya existe un grupo de parques y reservas naturales del área de seguridad ambiental".

Unos días después de emitido el fallo, se hizo público que los jueces que lo ordenaron podría ser juzgados por prevaricación, delito que comete un juez cuando dicta una sentencia arbitraria o un fallo injusto y contrario a las normas, y condena a alguien inocente. En este caso, la prevaricación se daría porque, según Duque, su gobierno cumplió con la sentencia y, además, la orden pretende pasar por encima del fuero presidencial.

El insólito hecho abre la pregunta sobre cuál y de qué calidad ha sido el trabajo de Iván Duque en materia ambiental.

Cuatro años de acciones blandas

Duque se posesionó en 2018 con grandes promesas en temas ambientales. Prometió disminuir la deforestación, cumplir con los compromisos de la COP 21, frenar el asesinato de líderes sociales, proteger más eficientemente los resguardos indígenas y trabajar con un equipo de expertos para evitar que las áreas protegidas fueran amenazadas.

A junio de 2022, apenas a 9 días del final de su gobierno, la gestión ambiental de Duque deja mucho que desear.

Colombia llevaba dos años consecutivos encabezando un listado poco honroso: ser el país donde se asesina a más líderes sociales ambientales en el mundo. Según el informe de la organización Global Witness de finales de 2021, 65 de los 227 homicidios de defensores del medio ambiente registrados en el mundo ocurrieron en Colombia.

A esta cifra se suma el informe semestral enero - junio 2021 del Programa Somos Defensores, que registró 524 hechos violentos contra defensores de derechos humanos en el país.

En este tema, uno de los más delicados que debía enfrentar el gobierno Duque, el presidente colombiano se raja. Cuando se posesionó, en 2018, la cifra de defensores ambientales asesinados en Colombia era de 24. Para 2020, cuando se publicó el último informe de Global Witness, era de 67, más del doble y se espera que Colombia siga liderando el listado en 2022.

Lo cierto es que a pesar de las declaraciones del gobierno lamentando esta realidad, en los últimos cuatro años no se logró implementar una política integral de garantías para las personas defensoras de derechos humanos y del medioambiente. Las estrategias ejecutadas por el gobierno Duque fueron coyunturales y se sustentaron en un componente militar que no dio una respuesta adecuada para proporcionar entornos seguros.

Una de las razones que hicieron que Duque no avanzara en este tema fue que nunca se centró en las razones de base que promueven la violencia contra los defensores ambientales. Una, por ejemplo, es la impunidad y la lentitud de los procesos de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado en Colombia donde la lógica del despojo sigue a la orden del día.

El estado colombiano montó un sistema de restitución de tierras que en general ha funcionado pero en lo que no ha funcionado es en proteger a los líderes, porque cuando llegan a sus tierras, los matan.

Otra es la poca voluntad política del gobierno saliente. La evidencia más grande de esto es que no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, la única arma multilateral que ofrece una protección real a los defensores ambientales. A lo anterior cabe añadir que, incluso si se firma el Acuerdo, sin cambios políticos, de conducta y sociales promovidos por el gobierno, no se podrán evitar los asesinatos de los líderes ambientales. El problema es que esos cambios estructurales deben ser liderados por el presidente, cosa que Duque sencillamente no hizo.

Otro tema álgido en la agenda ambiental del presidente colombiano era detener o al menos frenar la deforestación en Colombia. En 2018 la deforestación fue de 197.159 hectáreas; en 2021 fue de 170.000.

Esto quiere decir que en su gobierno Duque redujo la deforestación en un 13%, una cifra mediocre.

Lo cierto, sin embargo, es que aún no se conoce la cifra total de pérdida de bosques en 2021 y es probable, como ha venido ocurriendo en el pasado, se deba esperar hasta mediados de año para que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) la haga pública. Esta es, precisamente, una de las principales críticas de los expertos.

Es inaceptable que la ciudadanía no tenga información actualizada sobre deforestación de forma oportuna. El IDEAM, encargado de crear los reportes de deforestación, es un instituto supremamente capaz, ¿por qué solo sacan las cifras después de mitad de año?.

Otro tema que promueve la deforestación en Colombia es el del control sobre la inversión pública en la Amazonía. Gran parte de las economías ilegales funcionan porque se complementan con la inversión pública cuando esta última no tiene un buen control.

El presidente entrante tendrá entonces que poner la lupa sobre el sector ganadero, reorientar su desarrollo en la Amazonía y zonificarla. Sumado a eso queda otro gran desafío: ¿cómo retirar un millón de nuevas cabezas de ganado que han llegado en los últimos cinco años?.

El nuevo gobierno, además, tendrá que enfocarse en definir cuántos de los 2500 kilómetros de carreteras y trochas que hay en este momento en la Amazonía colombiana deben mantenerse y cuáles no, y decidir cuáles deben ser los nuevos modos de transporte para la región amazónica.

En los cuatro años de Duque la punta de lanza contra los conflictos socioambientales fue la estrategia militar Artemisa que es una campaña que comenzó en abril de 2019 para la protección de parques nacionales y cuyo enfoque es la prevención de la deforestación y persecución de quienes la generan. Sin embargo, esa no puede ni debe ser la única bandera de las instituciones gubernamentales y de presidencia para detener la deforestación. En la Amazonía ha habido un recrudecimiento de la violencia y parte de eso está siendo revivido por Artemisa. Al revisar las cifras de recuperación de hectáreas de bosque y compararlas con las deforestadas, no son significativas en términos porcentuales.

Lo que todo lo anterior deja en evidencia es que en el gobierno Duque no se fortalecieron las instituciones ambientales del país. En 2018, el presupuesto para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), fue de 268.724 millones. En su primer año de gobierno, Duque hizo un recorte del 24.21% frente al año anterior, el último del gobierno de Juan Manuel Santos. En 2022, el presupuesto para el MADS es de 16.524 millones, una reducción del 94% frente a lo asignado en 2018.

Queda en evidencia que pese a que Duque ha usado las cifras de deforestación como uno de sus logros, queda mucho por hacer. Así, un vacío que deja Duque en materia ambiental, que define el desarrollo del sector, es el fortalecimiento de la institucionalidad, especialmente en la región amazónica, la región con más deforestación histórica de Colombia.

Si hablar de deforestación en el gobierno Duque es mediocre, mencionar las áreas reforestadas es catastrófico.

Lo más cercano que tiene y ha tenido el gobierno en los últimos cuatro años a una estrategia para recuperar la cobertura vegetal es el plan de Duque de sembrar 180 millones de árboles para finales de su mandato, es decir ya. Este plan peca por populista. El biólogo Germán Andrade afirma que "plantar árboles no compensa la destrucción de bosques naturales. Esas deben ser dos contabilidades separadas": Así, la mayor estrategia de Duque para reforestar, ha sido una estrategia vacía en la que se nota su falta de asesoría profesional en el tema.

Finalmente, el caballito de batalla de Duque en su gobierno ha sido decir que está cumpliendo los compromisos adquiridos por Colombia en la COP21, cuando se firmó el Acuerdo de París, siendo el más importante alcanzar la meta de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Un acierto que hay que reconocer es que Duque subió su ambición y reformuló la meta; cuando se firmó el Acuerdo se planteó una reducción del 20% no del 51%. Sin embargo, es inentendible por qué Duque cambió la política colombiana y decidió prescindir del condicionamiento asociado a la contribución económica de los países desarrollados. Es decir, creó una meta (la del 51%) que no depende de si Colombia recibe o no apoyo internacional.

Lo anterior va en contravía de la posición de muchos países en desarrollo que hacen énfasis en las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Eso tiene sentido porque hace que metas tan ambiciosas sí dependan del apoyo económico internacional, que es justo y necesario ya que mega naciones como Estados Unidos y China, que son las que más incrementan la emisión de CO2, tengan que aportar a países en vía de desarrollo. En pocas palabras, es lo apropiado en materia de justicia ambiental. Duque, sin embargo, sencillamente aumentó la meta, pero no la condicionó y nunca dijo por qué.

Así, queda en evidencia que a lo largo de su gobierno Duque ha anunciado grandes noticias en materia ambiental sin planes de base que las fundamente.

Otro ejemplo relacionado con los compromisos de la COP21 es que, a finales de 2021, el MADS presentó al Congreso el proyecto de ley de Acción Climática. Este debe pasar por varios debates para ser aprobado en 2022. Sin embargo, preocupa que, de aprobarse, estaría incompleto ya que no contempla ningún recurso económico para cumplir con la meta de reducción de emisiones. Lo que dice el proyecto es que cada ministerio hará el financiamiento con sus recursos. Esto es un absurdo ya que los ministerios tienen sus recursos asignados y pueden reasignar fondos para el cambio climático, más cuando ha habido una reducción en el presupuesto.

La ley de deforestación, que establece la deforestación como delito en el país, otro de los compromisos asumidos por Colombia en la COP21, no se ha logrado implementar y no se tiene una ruta clara sobre cómo hacerlo. De la misma forma, Colombia se comprometió a proteger el 30% de sus océanos para el 2022, la realidad es que no han habido avances en este tema.

Lo que muestra este panorama es que Iván Duque, a pesar de lo que dice en prensa, tuvo una gestión ambiental mediocre tendiendo a mala. Su herencia clara en temas ambientales para el próximo presidente será: recuperar el presupuesto del Ministerio y de toda la institucionalidad ambiental de Colombia, lograr mejorar los índices de deforestación, ejecutar un plan real de reforestación, ratificar el Acuerdo de Escazú, disminuir radicalmente la matanza de líderes ambientales y, en general, darle un vuelco de 180 grados a las políticas ambientales ineficientes que deja el gobierno saliente.