Según datos compilados a partir del 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre las mujeres asesinadas por su pareja o un miembro de su familia, la región de las Américas es la segunda más fatal para las mujeres, detrás de África. Cada 3,1 mujeres africanas por cada 100.000 son víctimas de feminicidio, y en las Américas la tasa es de 1,6 por cada 100.000 mujeres.
El estudio de 2016, "Un análisis de género de muertes violentas", informó que catorce de los veinticinco países con las tasas más altas de feminicidio son latinoamericanos.
No queda duda que la situación es crítica, pero la ausencia de datos estandarizados, las divergencias entre las leyes entre los diferentes países de la región, la subnotificación de casos, entre otras barreras, dificultan el trabajo de prevención y aplicación de la justicia en casos de violencia de género, incluyendo los feminicidios.
En noviembre de 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anunció una muy buena noticia: está en curso la creación de un sistema de registro de los feminicidios que abarcará a toda Latinoamérica y el Caribe, de modo que los datos futuros podrán ser estandarizados. Pero contar con mejores números para comprender el panorama general del problema es solo el comienzo.
El feminicidio, consecuencia de la desigualdad
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo identifica la desigualdad como principal causa de la violencia de género. Esta realidad queda reflejada en los rankings: países más desiguales también tienen tasas desproporcionadamente altas de feminicidios y violencia contra la mujer.
En muchos lugares, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, la violencia de género se ve reforzada por leyes discriminatorias y normas sociales que socavan las oportunidades de mujeres y niñas en acceso a educación, ingresos e independencia.
Como ejemplo, por lo menos un tercio de las víctimas de feminicidio en Colombia entre 2014 y 2017 había pedido protección frente a la justicia, lo que sugiere que las autoridades fallan a la hira de garantizar la seguridad de mujeres con alto riesgo de feminicidio.
Cuando los casos denunciados llegan a la justicia, raramente terminan el condena. Según el mismo reportaje de El Tiempo, de 76 casos de feminicidio que tiene registrada la Fiscalía, solo en un cuarto hubo condena contra el agresor y apenas 13 han tenido una audiencia de imputación de cargos.
No ver que la causa de la violencia de género y de los feminicidios está basada en la desigualdad lleva a decisiones infructíferas. En Colombia, por ejemplo, esta misma semana el Senado está debatiendo la implementación de la cadena perpetua para casos de violación sexual contra niños, niñas y adolescentes, pretendiendo buscar una solución penal y punitiva a un problema que es estructural e histórico.
Así como la pandemia de la Covid-19 requirió medidas extraordinarias para contener el virus, la pandemia de la violencia de género requiere en este momento que proporcionemos protección y refugio a las víctimas con toda urgencia.
Pero si realmente queremos luchar con eficacia contra el problema, tendremos que exigir intervenciones más serias a través de políticas enfocadas en el largo plazo, que modifiquen las normas sociales discriminatorias y que cierren las brechas de género, ya sea a nivel educativo, económico o social.
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