democraciaAbierta: Analysis

En Colombia los asesinatos de líderes sociales no paran

Entre enero y abril de 2022 casi 60 líderes sociales han sido asesinados.

Juanita Rico
20 abril 2022, 12.00am
Fotoholica Press Agency / Alamy Stock Photo

A tan solo mes y medio de que finalice el gobierno de Iván Duque, la violencia sistemática contra los líderes sociales en Colombia solo aumenta. A pesar de los llamados de Naciones Unidas y la preocupación por las comunidades en los territorios más violentos, el gobierno ha hecho oídos sordos a esta problemática que representa una violación intolerable a los derechos humanos.

Según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a corte del 19 de abril de 2022 han sido asesinados 52 líderes sociales. Este número se suma a la aterradora cifra de 1.279 líderes sociales asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de paz en 2016; de ese número, 945 fueron asesinados durante el actual periodo presidencial.

Otra cifra inconcebible es la de excombatientes, firmantes del Acuerdo, asesinados. En lo corrido de 2022 van 14 y desde la firma del Acuerdo van 313. Como si esto no fuera suficiente, en lo que va de 2022 se han cometido 32 masacres en Colombia - se entiende por masacre cuando hay tres o más muertos por hechos violentos-, y 298 desde la firma del Acuerdo. El panorama es desolador.

Justificar lo injustificable

Mientras la ciudadanía, entidades internacionales y los mismos líderes sociales esperan respuestas y protección por parte del gobierno, este insiste en justificar su último desmán: la operación del Ejército en el Putumayo el 28 de marzo que dejó 11 personas muertas, incluido un menor de edad, una mujer embarazada y un bebé de cuatro meses.

Todavía no se ha podido entender por qué algunas de las víctimas, señaladas por el Ejército colombiano como disidentes armados, fueron presentados como guerrilleros cuando en realidad eran parte de la comunidad. A esta pregunta se suma el hecho de que varios testigos afirman que cuando llegó el Ejército los soldados no tenían prendas oficiales y se presentaron como guerrilleros miembros de una disidencia.

Este hecho recuerda el escándalo que generaron en Colombia los miles de casos de “falsos positivos” (civiles asesinados por las Fuerzas Militares colombianas y presentados como muertos "legítimos" en combate).

Según la JEP, entre el 2002 y el 2008, 6,402 civiles fueron víctimas de este crímen

Según la JEP, entre el 2002 y el 2008, 6,402 civiles fueron víctimas de este crímen.

Lo que muestran las cifras de los asesinatos de líderes sociales y las masacres es que hay una negligencia innegable por parte del Estado colombiano para enfrentar y detener estos hechos.

Acuerdo sin paz

El Acuerdo de paz se firmó hace seis años y aunque se han hecho algunos avances, hay temas descuidados por falta de voluntad política del gobierno Duque. Según el quinto informe del Instituto Kroc (instituto para estudios internacionales de paz que hace parte de la Escuela Keough de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos), la implementación del acuerdo avanzó solo dos puntos porcentuales en el gobierno Duque: pasó del 26% al 28%.

Es tan evidente que el gobierno no le ha cumplido a los excombatientes, que en enero de 2022 la Corte Constitcuional emitió un fallo que reconoce la violación masiva a los derechos de los firmantes del Acuerdo.

La falta de implementación del Acuerdo de Paz pone en mayor riesgo a los líderes sociales y a los excombatientes, ya que se ahondan las luchas por territorios antes pertenecientes a las FARC, y no se implementan las políticas pactadas dentro del Acuerdo como el plan de sustitución de cultivos.

Un ejemplo claro lo da Víctor Moreno, antiguo consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), quien ha sido víctima de amenazas por su labor como líder social en el territorio. Victor afirma que la presencia paramilitar en los territorios indígenas del Cauca, el departamento con más líderes sociales asesinados, aumentó y que aparte de los PDET (Programas de desarrollo con enfoque territorial) no se han visto mayores avances en la implementación del Acuerdo.

A la voz de Moreno se suma la de Ana Deida Secué, lideresa indpigena del pueblo Nasa quien fue Gobernadora Principal del Resguardo Huellas Caloto. Ana afirma que durante los cuatro años de las negociaciones en la Habana, Cuba, el pueblo indpigena tenía muchas expectativas.

Con el presidente actual se volvió trizas el Acuerdo y ahora estamos en una crisis de exterminio

Sin embargo, luego de cinco años de la firma esas expectativas desaparecieron porque, como afirma Secué, "vemos que no nos han representado. Con el presidente actual [Duque] se volvió trizas el Acuerdo y ahora estamos en una crisis de exterminio".

Un decreto que solo protege al Estado

La entidad encargada de velar por la seguridad de los líderes sociales, de los excombatientes y de la población colombiana es el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Aunque la UNP, según el mismo Instituto Kroc, fortaleció su Subdirección Especializada con la incorporación de 40 analistas de riesgo y 686 hombres y mujeres destinados a la protección, los líderes, como Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y defensora de los derechos humanos, afirman que cómo actúa la UNP no sirve en el territorio: "Nos llenan de esquemas de protección, pero no dan garantías".

El problema con enfrentar el asesinato de líderes principalmente con esquemas de portección es que es una medida física inmediata, pero no un cambio estructural que les asegure que, en el mediano y largo plazo, no van a necesitar estos esquemas para no morir.

La poca claridad del Estado sobre cómo proteger a los líderes es tan grave que en septiembre de 2021 el gobierno aprobó un decreto para modificar los mecanismos de protección para personas en riesgo. Como parecía algo completamente técnico sus consecuencias pasaron desapercibidas: el decreto limita la información para tomar decisiones sobre a quién proteger, aumenta los requisitos legales para poder ser protegido y reduce las medidas de protección colectiva.

Antes las decisiones sobre a quién proteger se tomaban con información de varias entidades del Estado, algunas con presencia en los territorios, y se discutían con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Con el nuevo decreto se eliminó el Grupo de Valoración Preliminar , lo que hace que todo el peso sobre quién decide qué personas reciben protección recaiga en los analistas de la UNP que, en su mayoría, están en Bogotá, la capital de Colombia, donde los efectos de la guerra casi no se sienten. Así mismo, por su lejanía con los territorios donde ocurren los asesinatos, estos analistas carecen de información detallada sobre los riesgos y vulnerabilidad a los que están expuestos los líderes.

El decreto, además, establece por primera vez una vigencia de un año para las medidas de protección colectiva de la UNP, lo que no tiene sentido ya que el objetivo de estas medidas es modificar las condiciones de desprotección y no cumplir con un plazo fijo. Esto, además, aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protección para, por ejemplo, los familiares de la víctima o de personas en riesgo.

El decreto, en resumidas cuentas, deja claro que lo que más le importa al gobierno es agilizar las decisiones de la UNP sin importar si eso implica dejar desprotegidos a líderes o comunidades que se enfrentan a amenazas, combates y asesinatos cada día.

Esta semana la corte Constitucional colombiana convocó a una audiencia pública para discutir medidas de protección para la población líder y defensora de los derechos humanos en el país. La audiencia se hará el jueves 28 de abril donde se debatirá por qué el Estado no toma medidas eficientes para detener los asesinatos. Mientras tanto, un líder social muere cada dos días en Colombia.

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